DETERMINANTES ESTRUCTURALES DE LA SOBREEXPLOTACION DEL TRABAJO FEMENINO EN VENEZUELA

La descalificación del trabajo femenino en Venezuela ha sido influenciado por la constante división sexual del trabajo, que tiende a desvalorizar la capacidad de las mujeres para ciertos trabajos, donde el predominio del hombre sobre la mujer es muy notable.

La constante disminución del poder adquisitivo del venezolano producto de la baja de ingresos, ha sido una de las causas por las que las mujeres venezolanas se han visto en la necesidad de buscar otras fuentes de ingreso, que si bien no son las más idóneas ni las más rentables, han incorporado a la mujer en el mercado laboral y, aunque la demanda de empleos para las mujeres se ha visto incrementada en las últimas décadas, no ha sido suficiente. El trabajo informal se ha convertido en la fuente de trabajo mas demandada por el sector femenino, del cual se deriva el deterioro en las condiciones de trabajo, la inestabilidad laboral, la disminución del ingreso y la eliminación de las regulaciones en cuanto a las horas de trabajo.

La inestabilidad del trabajo para las mujeres, ha hecho que el mismo se ubique en los trabajos de más bajos ingresos, poco productivos y con menor remuneración que aquellos realizados por los hombres. Lo que ha contribuido al aumento del trabajo para la mujer en el servicio domestico, con un salario menor y con pocas posibilidades de beneficios sociales.

La inclusión de la mujer al mercado laboral ha estado limitada a actividades que se califican “propias de mujeres”, tales como cocinar, lavar, educar, atender al público y/o administrar organizaciones simples. Todo esto tiene como consecuencia que se establezcan criterios en cuanto a los trabajos que pueden realizar las mujeres y a la forma en que son remunerados. Lo que hace creer a algunas mujeres que solo pueden desempeñarse en trabajos que consideran “fáciles” o apropiados para su sexo y que aunque lleguen a obtener un nivel de estudio igual o superior al de los hombres para optar por las mismas oportunidades de empleo, el pago que perciben por dichos trabajos tiende a ser menor.

Por lo expuesto anteriormente, se puede decir que la discriminación y la sobreexplotación de la mujer en el campo laboral se ha visto enmarcada en hechos de índole cultural, en la falsa creencia de que las mujeres solo pueden realizar trabajos del hogar o aquellos que no impliquen un esfuerzo intelectual o físico. Y de que las tareas y profesiones que puedan ser desempeñadas por las mujeres deben ser menos remuneradas. Esto debe cambiar...



EL PROCESO DE REFORMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN VENEZUELA: UNA VISION DESDE EL MOVIMIENTO SINDICAL VENEZOLANO (CTV)


En 1997 se planteó la reforma radical al Sistema Venezolano de Seguridad Social con la firma del Acuerdo Tripartito sobre Seguridad Social Integral y Política Salarial (ATSSI).Diversas comisiones reestructuradoras fueron nombradas y varios planes fueron elaborados sin lograr resultado alguno, pues los fondos continuaban descapitalizados. Múltiples obstáculos, políticos, económicos y laborales impidieron que las comisiones avanzaran en la ejecución de los planes propuestos, hasta que finalmente, en noviembre de 1996 fue nombrada una Comisión Tripartita, nuevo intento de la Presidencia de la República «para buscar un consenso entre el Gobierno y los sectores sindical y empresarial, en torno a las acciones de naturaleza laboral contenidas en la Agenda Venezuela».Se inicia la segunda etapa del proceso de reforma, la cual estuvo caracterizada por la gran importancia concedida a la consulta y a la participación de los actores sociales (patronos, trabajadores y Estado) en la toma de decisiones. En esta tarea la Comisión y luego el Ministerio del Trabajo, órgano a quien se encomendó la labor más ardua, contaron con el apoyo de expertos, tanto nacionales como extranjeros, en el área de la seguridad social y muy especialmente con la asistencia y colaboración de la OIT. El desarrollo del entramado jurídico en el que había de soportarse el nuevo Sistema de Seguridad Social, incluyendo los reglamentos elaborados para profundizar aspectos concretos de las leyes especiales, marca el final de esta segunda etapa en el proceso de reforma, la que culmina definitivamente en febrero de 1999, cuando asume la presidencia de la república Hugo Chávez Frías.

Con la Ley Habilitante otorgada al presidente Chávez en abril de 1999, comienza la tercera etapa de la reforma, caracterizada por la indefinición y los aplazamientos, en buena medida, producto de los múltiples procesos electorales que se sucedieron entre 1999 y 2000, así como la elaboración de una nueva Constitución, a la que debían adaptarse los instrumentos legales en materia de seguridad social. Se autorizó al Presidente de la República para reformar todas las leyes en materia de seguridad social, con el objeto de «incluir mecanismos más idóneos de protección a los diferentes sectores sociales, garantizar la vigilancia y supervisión por parte del Estado de los diferentes fondos y tomar en consideración la incidencia económica financiera» (artículo 1, Ley Habilitante).

Algunos dirigentes sindicales han manifestado su desacuerdo con la forma en que el gobierno ha actuado, al adoptar un modelo de imposición en cuanto a la elaboración de la Ley y no permitir que los mismos participaran en la elaboración de la misma. Entre las medidas adoptadas por el gobierno se encuentran: la liquidación del IVSS y sustituirlo por nuevos organismos, la integración de los hospitales al sistema nacional de salud, la obligación de que los todos los trabajadores asalariados deben cotizar y la desaparición de planes de salud; que por razones obvias los trabajadores no estarían dispuestas a renunciar. Ante esta situación, el movimiento sindical tiene algunas propuestas: garantizar los derechos de todos los afiliados al IVSS, extender la cobertura de la protección social a la mayoría de los habitantes, el dialogo entre gobierno y los dirigentes sindicales para definir y ejecutar los planes enmarcados en la Ley de Seguridad Social, los cuales se relacionan con el análisis y el diagnostico de la pobreza y el deterioro de la calidad de vida de los trabajadores.

Los sistemas de Seguridad Social se han convertido poco a poco en una preocupación mayor para los países desarrollados que destinan a este fin más del 25 % de su producto interior bruto (PIB). Muchos países que se encuentran en el subdesarrollo no pueden hacer frente a estos gastos, bien sea por la carga económica que representan estos programas o bien temen el efecto que las pesadas cargas fiscales impondrían sobre el crecimiento económico del país; Venezuela está tratando de implementar un sistema de Seguridad Social acorde con los tiempos y con lo establecido en las diferentes normativas legales y Tratados Internacionales, pero la realidad económica actual hace muy difícil esta implementación.

“La Seguridad Social es entendida y aceptada como un derecho que le asiste a toda persona de acceder, por lo menos a una protección básica para satisfacer estados de necesidad”.

Estos programas gubernamentales, financiados con los presupuestos estatales, deben tener carácter gratuito, en tanto son posibles gracias a fondos procedentes de fondos públicos, financiado por medio de las imposiciones fiscales que el Estado impone a los ciudadanos. En este sentido, el Estado no hace sino generar un proceso de redistribución de la riqueza, pues en principio, las clases inferiores de una sociedad son las más beneficiadas con la protección social que no podrían alcanzar a través de sus propios ingresos.