“LA PRECARIEDAD LABORAL Y SU INCIDENCIA EN LAS POLITICAS SOCIALES DE LA V REPUBLICA: UNA MIRADA ESPECIAL A LAS MISIONES”
La precariedad laboral abarca mucho más que la desprotección del empleo, también se encuentra asociada a desmejoras en las condiciones salariales y de trabajo, ante situaciones de exclusión y vulnerabilidad creciente en que se encuentran los trabajadores. Existe una evidente informalización y precarización del empleo, con contratos de trabajo que no cumplen con la normatividad laboral y los trabajadores que prestan sus servicios calificables como subordinados y dependientes están fuera de la protección social. Los escasos salarios por debajo del mínimo legal y los niveles educativos ponen al trabajo independiente en fuerte relación con la desocupación.
Durante muchos años en Venezuela como en América latina, se han notado los esfuerzos de la población trabajadora por mantener su derecho de estabilidad en los puestos de trabajo, pero las condiciones económicas del país, los problemas inflacionarios, los aciertos y desaciertos de los programas de gobierno, han originado el crecimiento de la tasa de desempleo y la economía informal. Algunos estudios reflejan que este crecimiento ha sido en mayor proporción con respecto al empleo formal y que tiene implicaciones importantes sobre las posibilidades de ingreso de la población trabajadora al mercado laboral. Específicamente, en lo relativo al nivel educativo de la población informal, un alto grado son analfabetas o alcanza un nivel de educación básica y en comparación a los requerimientos laborales concernientes a la demanda de empleo, las empresas se inclinan a solicitar trabajadores, con un nivel de formación preferentemente técnico o universitario, que les permita adaptarse con rapidez a las exigencias de las actividades del sector moderno de servicios y a eventuales procesos de incorporación tecnológica.
En cuanto a las políticas para la generación de empleo, los gobiernos de turno en los últimos diez años, han puesto en marcha reformas laborales y han implementado programas sociales dirigidos a elevar el nivel de vida e inclusión de la población más vulnerable. Un ejemplo de ello, la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo y de Seguridad Social (1997) y la Agenda Venezuela como parte de las medidas compensatorias del gobierno de Rafael Caldera ó el Plan Bolívar 2000, el cooperativismo y más recientemente las misiones sociales (vuelvan caras, barrio adentro, entre otras) emprendidas por el Presidente Chávez, por medio de las cuales se pretende transformar el modelo económico a un modelo de economía social a través de la integración de los ciudadanos, específicamente los sectores mas empobrecidos y desprotegidos al sector laboral mediante la formación y el trabajo integral, para así lograr una mejor calidad de vida par todos.
En este sentido, es necesario evaluar la naturaleza de estos programas y el grado de respuestas a los problemas de informalidad y precariedad observadas en el mercado laboral venezolano, tomando en cuentas sus indicadores claves como la edad, nivel de educación y regulaciones laborales y de seguridad social. Algunos de estos incentivos, se han concretado en políticas que van desde la protección salarial para minimizar los efectos de las medidas de liberación económica, o la ejecución de Planes de Empleo e Inversión Social hasta la práctica de programas sociales de subsidio directo (en áreas de salud, educación o economía popular como asociaciones y cooperativas) con atención a los sectores más vulnerables de la sociedad por factores de expansión demográfica, tasa de participación de la fuerza laboral por razones sexo, edad y educación.
"En innegable que las misiones cumplen una función social de inclusión pero no garantizan las mejoras de las condiciones laborales de los venezolanos".
Durante muchos años en Venezuela como en América latina, se han notado los esfuerzos de la población trabajadora por mantener su derecho de estabilidad en los puestos de trabajo, pero las condiciones económicas del país, los problemas inflacionarios, los aciertos y desaciertos de los programas de gobierno, han originado el crecimiento de la tasa de desempleo y la economía informal. Algunos estudios reflejan que este crecimiento ha sido en mayor proporción con respecto al empleo formal y que tiene implicaciones importantes sobre las posibilidades de ingreso de la población trabajadora al mercado laboral. Específicamente, en lo relativo al nivel educativo de la población informal, un alto grado son analfabetas o alcanza un nivel de educación básica y en comparación a los requerimientos laborales concernientes a la demanda de empleo, las empresas se inclinan a solicitar trabajadores, con un nivel de formación preferentemente técnico o universitario, que les permita adaptarse con rapidez a las exigencias de las actividades del sector moderno de servicios y a eventuales procesos de incorporación tecnológica.
En cuanto a las políticas para la generación de empleo, los gobiernos de turno en los últimos diez años, han puesto en marcha reformas laborales y han implementado programas sociales dirigidos a elevar el nivel de vida e inclusión de la población más vulnerable. Un ejemplo de ello, la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo y de Seguridad Social (1997) y la Agenda Venezuela como parte de las medidas compensatorias del gobierno de Rafael Caldera ó el Plan Bolívar 2000, el cooperativismo y más recientemente las misiones sociales (vuelvan caras, barrio adentro, entre otras) emprendidas por el Presidente Chávez, por medio de las cuales se pretende transformar el modelo económico a un modelo de economía social a través de la integración de los ciudadanos, específicamente los sectores mas empobrecidos y desprotegidos al sector laboral mediante la formación y el trabajo integral, para así lograr una mejor calidad de vida par todos.
En este sentido, es necesario evaluar la naturaleza de estos programas y el grado de respuestas a los problemas de informalidad y precariedad observadas en el mercado laboral venezolano, tomando en cuentas sus indicadores claves como la edad, nivel de educación y regulaciones laborales y de seguridad social. Algunos de estos incentivos, se han concretado en políticas que van desde la protección salarial para minimizar los efectos de las medidas de liberación económica, o la ejecución de Planes de Empleo e Inversión Social hasta la práctica de programas sociales de subsidio directo (en áreas de salud, educación o economía popular como asociaciones y cooperativas) con atención a los sectores más vulnerables de la sociedad por factores de expansión demográfica, tasa de participación de la fuerza laboral por razones sexo, edad y educación.
"En innegable que las misiones cumplen una función social de inclusión pero no garantizan las mejoras de las condiciones laborales de los venezolanos".
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